El Gobierno del Paraguay ha hecho de la seguridad una de sus principales prioridades, con la convicción firme de que sin seguridad no hay desarrollo posible. Por ello, se está llevando adelante la mayor inversión en materia de seguridad pública de las últimas décadas, con acciones concretas en todos los frentes: combate al crimen organizado, modernización de las fuerzas del orden, prevención del consumo de drogas y fortalecimiento de la justicia y la reinserción efectiva.
Este nuevo enfoque se basa en una estrategia nacional integral, que articula políticas de combate a la inseguridad con políticas preventivas y que por sobre todo reconoce la complejidad de los desafíos actuales y pone en el centro a la ciudadanía. Mayor presencia de efectivos policiales en las escuelas, en los barrios, en eventos y en sitios estratégicos ayudan a recuperar la confianza en la labor de las fuerzas de seguridad.
Uno de los avances más potentes es la incorporación de 4.986 nuevos agentes policiales, que se suman a una fuerza mejor equipada con camionetas, motocicletas, chalecos balísticos y más de 2.800 radios digitales. El Sistema 911 fue modernizado con nuevas cámaras y mayor capacidad de respuesta, se puso en marcha la ley de tobilleras electrónicas y se está haciendo una fuerte inversión en vigilancia aérea mediante radares de última generación adquiridos con total transparencia, en cooperación directa con gobiernos aliados.
Paraguay también logró un hito histórico: por primera vez en años, no se registraron incautaciones de cocaína paraguaya en puertos europeos, fruto de operativos de inteligencia y cooperación internacional sin precedentes que golpearon el corazón de las redes criminales.
A esto se suma una decidida política contra el microtráfico, con más de 240 focos desarticulados y más de 900.000 dosis de drogas retiradas del mercado local. En paralelo, se impulsa una nueva forma de construir una sociedad libre de drogas: el Plan Nacional SUMAR, que aborda el consumo problemático de drogas desde la salud, los derechos humanos y el trabajo con la comunidad. Gracias a este plan, se habilitó el primer centro público gratuito para tratamiento residencial, se capacitó a más de 35.000 personas en prevención, se fortaleció la respuesta institucional y se brindó atención directa a niños, niñas y adolescentes en situación de calle o en conflicto con la ley penal.
Lo que está en marcha no es solo un conjunto de operativos ni una serie de cifras alentadoras: es una política pública integral, coherente, ambiciosa y profundamente humana. El Paraguay que estamos construyendo protege a sus ciudadanos poniéndolos en el centro, fortalece a sus instituciones y recupera el control sobre su territorio. Paraguay Seguro es un eje estratégico que promueve un país donde los paraguayos y paraguayas puedan vivir con tranquilidad y donde el progreso llegue de la mano del orden, el cuidado y la confianza.
