PROTECCIÓN,
OPORTUNIDADES Y MAYOR
PRESENCIA DEL ESTADO

El Gobierno del Paraguay fortaleció sus políticas sociales a través de una estrategia basada en tres pilares: ampliar la protección, reducir las desigualdades y asegurar que el Estado llegue a donde más se necesita. Durante este periodo, se ejecutaron acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias, con especial énfasis en la primera infancia, la seguridad alimentaria, la inclusión productiva y el acceso a servicios esenciales.

Uno de los avances más significativos fue la puesta en marcha del programa Hambre Cero en las Escuelas, una política nacional que garantiza la alimentación escolar universal a más de un millón de estudiantes, articulando recursos del gobierno central y los gobiernos locales. Esta medida no solo mejora la nutrición infantil y la permanencia escolar, sino que también dinamiza economías regionales y genera empleo a través de cadenas de provisión local.

Los programas sociales como Tekoporã y Tenonderã consolidaron una red de contención real y efectiva, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas, donde la protección social es la principal puerta de entrada a oportunidades y derechos. Por su parte, el Programa de Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, continúa ampliando su alcance y consolidándose como una herramienta clave de justicia social, reconociendo derechos y asegurando ingresos a miles de personas que no pueden acceder a una jubilación formal. Estas políticas están acompañadas por mejoras en los sistemas de información, trazabilidad y focalización, que permiten intervenciones más efectivas y transparentes.

En paralelo, se impulsó una agenda centrada en la primera infancia, con la creación de 100 centros de atención integral, mejoras en salud y nutrición, y planes de estimulación temprana. La articulación interinstitucional permitió que las políticas de infancia avancen con una mirada integrada, alineada con estándares internacionales.

En zonas urbanas, el Estado intervino con programas de mejoramiento habitacional, urbanización de asentamientos y acceso a servicios básicos, beneficiando a comunidades históricamente postergadas. Estas políticas no solo impactan en el bienestar inmediato, sino que consolidan procesos de arraigo, identidad y organización comunitaria.

La política social también incorporó un enfoque más activo hacia la inclusión de personas con discapacidad, mediante la adaptación de infraestructura, acompañamiento integral y promoción de la autonomía personal.

Asimismo, se profundizó el trabajo con pueblos indígenas, respetando su identidad cultural y con presencia del Estado a través de proyectos de agua segura, acompañamiento social, acceso a alimentos, inclusión productiva y asistencia en salud y educación.

Se amplió la presencia institucional del Estado en el interior del país, con la expansión de programas en todos los departamentos. Esto permitió que la protección y las oportunidades lleguen a más familias, incluso en los distritos más alejados. El enfoque territorial fue clave. Las intervenciones sociales no se pensaron como respuestas aisladas, sino como parte de un modelo de desarrollo que reconoce las particularidades de cada región.

Paraguay avanza hacia un modelo de política social que combina presencia estatal, inversión sostenida y articulación entre instituciones del gobierno. Un modelo que no se limita a asistir, sino que busca transformar condiciones estructurales y ampliar las capacidades de cada paraguayo y paraguaya. Estamos convencidos de que el país crece también cuando más paraguayos y paraguayas pueden acceder a derechos básicos, vivir con dignidad y proyectar su futuro. En un mundo donde la desigualdad tiende a profundizarse, Paraguay elige un camino diferente: uno donde la acción pública apuesta por el valor de su gente y busca reconocer a cada persona en todas las etapas de su vida.